Por Luciana Soldá
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Desde hace tiempo, el feminismo ha tomado un protagonismo impensado en la cultura del colectivo social, y ha logrado conquistas inéditas. Si bien siempre hay más por hacer, y que las leyes por el solo hecho de existir no eliminan la discriminación que sufren mujeres y disidencias, nos hemos aproximado a un nivel importante en esta lucha por la igualdad.
Las conquistas del Siglo XX
Las
reglamentaciones que lentamente fueron aprobadas en nuestro país y que
otorgan derechos a mujeres y disidencias no nacen de un día para otro, sino que
son producto de años y años de lucha organizada por parte de los feminismos.
Hace
apenas 73 años no teníamos derecho al voto, la democracia era tan lábil que
dejaba afuera a la mitad de la población. Así era y a principios del Siglo XX
las sufragistas se organizaron y dieron pelea, convirtiéndose en pioneras del
movimiento feminista en la Argentina. Hasta que el 23 de septiembre de 1947, se
sancionó la ley
de voto femenino.
Además nuestro país fue el primero en Latinoamérica en sancionar una ley que tiene
como objetivo incrementar el número de mujeres representantes a partir de
establecer un porcentaje mínimo de mujeres en las listas electorales.
En septiembre de 1990 comenzó la discusión sobre la representación de las mujeres en el Congreso nacional. El 6 de noviembre de 1991, finalmente se sancionaba la Ley N° 24.012 de Cupo Femenino que establecía que los partidos tenían que incluir un 30% de mujeres en sus listas, en principio, para la elección en Diputados. En 1995 esa ley se extendió al Senado, en el mismo momento en que los senadores dejaron de ser elegidos por las legislaturas y pasaron a ser elegidos directamente por los votantes en el proceso electoral.
Nuevo siglo,
nuevas conquistas
Mucho tiempo después, en 2017, se sancionó la Ley
Nº 27.412 de Paridad de Género en el congreso de la Nación, que estableció
que en las conformaciones electorales de 2019 las listas debían estar
formadas 50% por varones y 50% por mujeres. Leyes similares fueron sancionadas
en el último tiempo en legislaturas provinciales. En relación a esto, el 23 de
octubre pasado se aprobó la Ley
de Paridad de Género en Santa Fe.
La
más reciente sanción vinculada a la Paridad de Género se da dentro del
escenario entrerriano. En una sesión que quedará en los libros de historia,
Entre Ríos sancionó la Ley de Paridad Integral este viernes 14. Con esta nueva
regulación, la provincia salda una deuda con la Constitución reformada en 2008.
Ya que han pasado 12 años de la entrada en vigencia de la misma y la equidad de
género del artículo 17 no se ha cumplido. El mismo dice que “se garantiza la
igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno y
efectivo ejercicio de los derechos que fueren reconocidos en el ordenamiento
jurídico”; que “una política de Estado prevendrá en forma continua todo tipo de
violencia y dispondrá acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de
género” y “reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar.”
La
sanción de la ley fue fruto de un largo proceso del que participaron todas las
fuerzas políticas, organizaciones civiles y colectivos feministas que se
nuclearon en la Red por la Igualdad, un ámbito que impulsó y coordinó la
vicegobernadora Laura Stratta. A partir de esta norma se echa por tierra el
régimen que entendía la paridad con la proporción 75 y 25.
¿De qué se trata?
¿Qué
es Paridad Integral? Implica no sólo la paridad (50% para mujeres 50% para
varones) para el armado de las listas para la Cámara de Diputados; la paridad
para conformar la integración del Senado (se verá en la redacción como se
implementa en la elección departamental); paridad para integrar la fórmula en
los partidos políticos; y equidad para la integración de los gabinetes y los
Concejos Deliberantes, único ámbito, este último, que lo consagra por Ley Orgánica
de Municipios (N° 10.027).
Pero
más allá de los ámbitos políticos, la paridad integral supone promover la integración
en paridad en la conducción de toda persona jurídica, sea una empresa, una
organización no gubernamental, un sindicato, una vecinal.
El voto en contra
Cada
vez que se debate un tema en el que se propone achicar la enorme inequidad que
aún nos rige como sociedad, siempre aparecen aquellos detractores de lo justo,
con sus discursos moralistas. En el caso de la provincia de Entre Ríos sobresalió
la exposición del senador Francisco Morchio (Juntos por el Cambio - Gualeguay),
quien se opuso a la Ley de Paridad de Género en la provincia. Dijo que "no
es necesaria"; y que su voto negativo "no es en contra de las mujeres
sino a favor de la idoneidad para ocupar cargos".
Siempre
el mismo verso, alardean con la honra del cargo. Temen que con la ley de
paridad las instituciones públicas se atisben de mujeres malogradas, que
lleguen a ocupar cargos políticos por ser hijas, nietas, madres o primas de
alguien con poder. Exigen el mérito propio a las mujeres para arribar a una
banca, pero y ellos, “señoros del bien” que ocupan cargos hace décadas, cuáles
son sus méritos. Dice Luz Alcain, en El
machista de manual y el fantasma de la paridad: “Sin mirar sus propios
modos de arribar al poder -obviando que la última palabra la tiene la voluntad
del pueblo-, sin ruborizarse por ser hijos, nietos, socios, hay quienes
preguntan por qué, qué es lo que explica que haya una mujer sentada en una
banca”.
Primer presupuesto con perspectiva
de género
Otro
hito trascendente es la creación del programa interministerial de Presupuesto
con Perspectiva de Género y Diversidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Economía
de la Nación para promover la incorporación del enfoque de géneros y diversidad
en el diseño, ejecución y evaluación presupuestaria a nivel nacional.
El
presupuesto con perspectiva de género es un concepto que comenzó a tener
relevancia en los años 80 del siglo pasado, con Australia como país pionero en
su aplicación. La metodología de la Unión Europea establece que el presupuesto
de género debe ser aplicado a todos los niveles de ingresos y gastos del
presupuesto. Así en el Reino Unido, Sudáfrica, algunos países de Europa como
España y Austria, y otros de América Latina fueron sumándose experiencias.
En
Argentina recién en 2017 el entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)
coordinó una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de
Gabinete y en 2018 incorporó como parte del Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades y Derechos 2018-2020 una iniciativa de inclusión de la
perspectiva de género en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional. A
finales del 2018, la Oficina de Presupuesto del
Congreso (OPC) introdujo en su agenda de trabajo el análisis de
presupuesto con perspectiva de género.
El
actual Gobierno nacional será el primero en concretar el Presupuesto 2021 con
esta perspectiva, que se efectivizará a partir del uso de los instrumentos,
como el etiquetado de los programas, proyectos y actividades, siempre que
incluya acciones dirigidas a las mujeres y/o a promover la igualdad entre los
géneros.
Quedan aún demandas de las mujeres y disidencias sin resolverse. La gran expectativa del movimiento feminista es cerrar este año parlamentario con el tratamiento y sanción del proyecto de ley de Aborto legal, seguro y gratuito. Confiamos en que eso suceda. Mientras tanto, los derechos conquistados y los avances en materia de género son dignos de ser observados y valorados.
Fotografías: Luciana Soldá
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