Perezlindo María José
La
ley aprobada recientemente consiste en declarar como "capitales
alternas" a 24 ciudades de distintas provincias con el fin de reunir allí
al Gabinete una vez por mes y relocalizar las sedes de organismos y entidades
públicas. Este sistema de capitales móviles y rotativas funcionará durante los
próximos tres años y El Ministerio del Interior será el encargado de coordinar
la elaboración del plan de trabajo de los encuentros, que serán convocados en
una de las localidades propuestas con una periodicidad no mayor a 30 días.
La iniciativa propone la creación del
Programa Gabinete Federal, es este el organismo que estará destinado a realizar las reuniones
entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la
sociedad civil y autoridades locales. Además, el artículo 5°, de lo que fue el
proyecto de ley, establece que "los funcionarios del Poder Ejecutivo que
asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la
Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del
Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas
que se consideren de necesaria implementación".
Respecto a las ciudades elegidas, sólo en
San Luis y en Formosa se optó por la capital provincial; mientras que en Buenos
Aires, acorde al tamaño poblacional que presenta, se seleccionaron dos
ciudades: Mar del Plata, específicamente el departamento General Pueyrredón, y
La Matanza. En Córdoba se eligió ir a Río Cuarto, en Santa Fe a Rosario, en
Mendoza a Guaymallén y en Río Negro a San Carlos de Bariloche. Caleta Olivia es la capital alterna de Santa
Cruz, Cutral Co de Neuquén, La Banda de Santiago del Estero, General Pico de La
Pampa, Chilecito en La Rioja y Comodoro Rivadavia de Chubut. En Tierra del
Fuego se eligió a Río Grande; a Monteros en Tucumán, Tinogasta en Catamarca,
Roque Sáenz Peña en Chaco, Goya en Corrientes, Oberá en Misiones, Orán en
Salta, Caucete en San Juan, San Pedro en Jujuy y Concordia en Entre Ríos.
Su paso por el Congreso
de la Nación
A mediados de febrero del presente año, el
Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley Capitales Alternas. La
iniciativa fue una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández
y pese a que en su momento no tenía fecha de tratamiento, su ingreso en el
edificio de Av. Entre Ríos entre
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen lo puso como uno de los temas principales a
tratar. A finales de julio, el proyecto de ley ya había obtenido dictamen
favorable de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y
Hacienda del Senado de la Nación. Por lo tanto, esto habilitaba para que
pudiera ser debatido en la próxima sesión de la Cámara alta.
El siguiente gran momento fue el 3 de
septiembre, cuando, con 69 votos afirmativos, el Senado Nacional aprobó por
unanimidad el proyecto de Ley de Capitales Alternas. De todos modos, la
iniciativa todavía no era ley, ya que todavía le faltaba ser aprobada por la Cámara
baja. Fue en la madrugada del jueves 12 de noviembre, que la Cámara de
Diputados convirtió en ley el proyecto que crea capitales alternas en 24
ciudades de todo el país.
La ley fue aprobada con 178 votos positivos
provenientes de los bloques del Frente de Todos y los interbloques Federal y
Unidad para el Desarrollo. En lo que respecta al bloque de la oposición, Juntos
por el Cambio, la votación fue en forma dividida; 11 diputados emitieron su
voto en contra, 36 se abstuvieron y 40 lo hicieron a favor.
Promesa de campaña
Durante la campaña presidencial del año
pasado, Fernández en su viaje a Mendoza en septiembre había mencionado su idea
de fortalecer el federalismo. “Crear en cada provincia una capital alterna de
la Argentina y obligar al Gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí,
y escuchar ‘in situ’ los problemas. Porque una cosa es ver estadísticas y otra
es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la
dimensión del conflicto”, sostuvo el mandatario.
Esta ley serviría para profundizar la
gestión y atender a las problemáticas de las diversas regiones, así como
identificar las demandas de la comunidad y articular de manera conjunta las
medidas necesarias para la resolución de los problemas. A su vez, nos pone en
el camino de lograr una mayor descentralización y federalización en el
territorio nacional.
Antecedentes
Esta
ley nos remonta dos situaciones en la historia en la cual se planteó o se llevó
adelante proyectos similares.
El 29 de julio de 1999, mediante la Ley 8.780,
en Córdoba de aprobaba la primera capital alterna en todo el territorio
argentino, aunque esta nomenclatura solo tenía un alcance provincial, a
diferencia de la ley actual que propone un rango a nivel nacional. La iniciativa
fue del entonces gobernador, José Manuel de la Sota, quien tomó la decisión de poner
a la ciudad de Río Cuarto en un lugar destacado, alegando que había que
reconocer la importancia cultural, social y económica de esa región respecto a
la provincia.
La norma avala a que el mandatario y sus
ministros gobiernen durando dos días al mes desde esta capital alterna. Sin
embargo, en la actualidad esta práctica no es llevada a cabo como lo fue en su
momento. Acorde a un artículo publicado en el diario Puntal Villa María, el
gobernador Schiaretti, cuando va a Río Cuarto, emplea su tiempo en entregar
subsidios o inaugurar obras, y muy pocas veces se reúne con todo su gabinete en
el Centro Cívico.
Otra iniciativa vagamente similar fue el
Proyecto Patagonia, impulsado a mediados de 1986, que, buscaba descentralizar
el poder político y separarlo del poder económico. Inclusive, el 27 de mayo de
1987 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23.512, que declara al Distrito
Federal de Viedma-Carmen de Patagones, que incluía, además, a la ciudad de
Guardia Mitre, como la nueva Capital Federal de Argentina. Sin embargo, para
que el trasladó sea efectivo se debía cumplir con determinados requisitos que
nunca fueron efectuados. Por lo tanto, esta iniciativa nunca se terminó de
llevar a la práctica.
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